10 Oct La Fecam rechaza el centralismo de la reforma local del PP
Por primera vez en la historia de los 30 años del Parlamento de Canarias ha comparecido en la Cámara regional el presidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam). Al socialista Manuel Ramón Plasencia, alcalde de Alajeró, le ha tocado protagonizar esta fecha histórica para defender el municipalismo frente al anteproyecto de ley de reforma local promovido por el Gobierno que preside Mariano Rajoy.
Plasencia, que compareció en la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico, apeló al consenso de las fuerzas políticas para que la futura Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local garantice que los municipios de menos de 20.000 habitantes puedan seguir prestando los servicios públicos a los ciudadanos. ¿Y que pide la Fecam? Pues racionalizar la administración local, mejorando la financiación de las competencias, no vulnerar la autonomía local y tener en cuenta las especificidades canarias. Porque, para Plasencia, el problema no es limitar el sueldo ni el número de liberados en los equipos de gobierno, algo «a lo que nunca se ha opuesto la Fecam», sino el hecho de que la reforma «limita la autonomía de los ayuntamientos»y, por tanto, será la ciudadanía la que «sufrirá las consecuencias». En resumen, lo que defiende la Fecam es que «el servicio esté lo más próximo posible al ciudadano y que lo preste la Administración que mejor capacitada esté para ello». Por ello, rechazó que los cabildos presten aquellos servicios que los ayuntamientos pequeños no puedan ofrecer por debajo de un coste estándar que no está fijado en la futura Ley, algo que puede ser arbitrario «porque no es lo mismo prestar servicios sociales en Santa cruz de Tenerife que en un barrio de Alajeró que tiene 15 habitantes». Centralismo perjudicial En su opinión, esa arbitrariedad podría desembocar en una «gestión centralizada que perjudicará a los vecinos». «Es una reforma sin precedentes, se limita la vida local y se condiciona la autonomía municipal a la estabilidad presupuestaria», ha afirmado antes de recordar que los ayuntamientos son las administraciones que menos peso tienen en el déficit de España. Un argumento usado por el PP para restar competencias municipales en favor de diputaciones provinciales y cabildos, y que Plasencia ha considerado una falacia, pues la deuda pública de los ayuntamientos canarios está incluso por debajo de la media de los consistorios peninsulares. Parecidos argumentos fueron usados por los portavoces de los grupos Socialista y Nacionalista, Manuel Fajardo y Marisa Zamora, respectivamente, que criticaron con dureza la «contrarreforma» centralista del PP. Ambos estuvieron de acuerdo en que «hay que racionalizar la administración local, pero no de esta forma»‘ como dijo Fajardo, pues «no estamos hablando de necesidad, sino de oportunidad», tal y como sentenció Zamora. Para el socialista, la reforma del PP «vacía de contenido la Administración local» mediante una «agresión a las competencias» municipales, mientras que la nacionalista afirmó que de ser aprobado el proyecto de ley tal como está «habría un recorte competencial de los municipios en servicios sociales y complementarios». Pero no solo los socios del Pacto criticaron el proyecto reformista del PP, pues la portavoz del Grupo Mixto (NC-PIL), Carmen Hernández, incidió en que los ayuntamientos son los más ágiles en la prestación de servicios públicos, por lo que «hay que dar la competencia a la administración que mejor lo haga y con la financiación necesaria». El PP pide dar ejemplo Como era lógico, el Grupo Popular se quedó solo en la defensa de un anteproyecto,legislativo del que su portavoz, Jorge Rodríguez, dijo que estaba siendo injustamente descalificado por el resto de los,portavoces e, incluso, por el presidente de la Fecam. «No se va a cerrar ningún ayuntamiento ni peligrará el empleo público» afirmó Rodríguez, sino de «racionalizar» y conseguir la «eficacia y eficiencia» del dinero público, evitando que las corporaciones sean usadas para «dar trabajo a los amigos del equipo de gobierno de turno». El mismo día que se ha sabido que el PP ha estado pagando el alquiler de uno de sus vicesecretarios generales, Esteban González Pons, a una de las empresas vinculadas con la trama Gurtel, Rodríguez defendió la reforma «cuando se piden enormes esfuerzos a los ciudadanos, los políticos tenemos la obligación moral de dar ejemplo. Se trata de respetar el dinero público», concluyó.